Cannabis: advertencias sobre la calidad del aceite “domiciliario”

Una encuesta realizada un centro de salud tucumano que trata a pacientes oncológicos reveló que más de 80 por ciento le compra el insumo a particulares. El Estado ya planteó su inquietud respecto a los estándares


Fuente: Revista digital Comercio y Justicia

Entre las conclusiones de una encuesta sobre uso de cannabis medicinal en pacientes oncológicos de un hospital público tucumano figura que el control de calidad del producto que fabrican particulares es deficiente y que ello, sumado a la automedicación, la falta de evidencia científica sólida para el tratamiento de síntomas y las potenciales interacciones medicamentosas, es causa de alarma para los investigadores.

El relevamiento se hizo a mediados del año pasado en el servicio de oncología del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán.

La semana pasada, los resultados se presentaron en el marco de un encuentro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), en Buenos Aires. Allí se reveló también que en 77 por ciento de los casos los pacientes consumieron aceite de cannabis que carecía de datos de dosificación.

En ese sentido, se destacó que 81 por ciento les compró el derivado a particulares; 17 por ciento lo consiguió por donación y sólo dos por ciento lo adquirió en una farmacia.


En diálogo aquella agencia, el jefe del servicio de oncología del nosocomio y uno de los responsables de la investigación, José Zarba, explicó que las farmacias son locales que hacen preparados y que, en principio, el aceite “resultaría más confiable”.


Sin embargo, aclaró que no hay certeza sobre si es sólo una boca de expendio o si lo preparó un profesional.


“Cualquier medicamento, para ser comercializado, tiene que estar certificado y adherir a guías de buenas prácticas de manufactura que son internacionales, pero lo que le pedimos a cualquier otro, al cannabis no se lo estamos pidiendo. Y eso genera resistencia en los médicos, que no sabemos qué está recibiendo el paciente, con qué concentración ni cómo se debe prescribir”, enfatizó Zarba. La preocupación por los estándares de calidad de las medicaciones derivadas de la marihuana ya fue expresada por la Justicia.

Cabe recordar que en mayo dos sentencias de Cámara revocaron permisos otorgados a padres de niños que padecen enfermedades que no responden satisfactoriamente a la medicación convencional.

Primero, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta planteó que el autocultivo de cannabis con fines medicinales, una práctica que la ley no permite pero que se viene habilitando, puede generar productos de dudosa efectividad.

Lo hizo al admitir un recurso del Estado nacional y revocar parcialmente un decisorio que autorizó a la madre de un niño de seis años que padece Neurofibromatosis NF1, una enfermedad genética, a cultivar marihuana.

A su turno, el juez Julio Bavio habilitó a la actora para tener 12 plantas adultas y 40 plantines sin clasificación sexual “en la esfera reservada, íntima y privada de su domicilio” y para el uso exclusivamente medicinal del infante.

Además, en un tramo de su sentencia que la superior respaldó, el magistrado le encomendó al Estado Nacional que incluyera al menor en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y precisó que una vez admitido y cumplidas las condiciones para que reciba adecuadamente los derivados para llevar a cabo el tratamiento que necesita, analizaría la cesación del permiso.

El Estado Nacional apeló el decisorio y alegó que aprobar que la amparista cultivara cannabis implicó dejar la producción de aceite “sin ningún control”.

En tanto, adujo que la medida conllevaba “gravedad institucional” porque se podría producir un efecto “multiplicador”, ocasionando que varias familias se vuelquen al cultivo de cannabis.

También indicó que un producto que “no cumple buenas prácticas de cultivo y estándares de calidad medicinal” puede tener impactos negativos para la salud.

En esa dirección, el Estado argumentó que en cada caso los profesionales tratantes deben conocer la concentración de principio activo por mililitro químico para evaluar el impacto del tratamiento, sus efectos adversos y las dosis.

La Cámara -integrada por los vocales Mariana Catalano y Alejandro Castellanos- admitió parte del recurso y recordó que si bien el autocultivo de cannabis con fines medicinales fue debatido en el Congreso Nacional se decidió mantener la prohibición establecida en la Ley de Estupefacientes.

El tribunal apuntó a los posibles riesgos que pueden darse por la administración de fármacos elaborados artesanalmente por quienes no tienen capacitación profesional.

Pocos días después, en Río Negro, otra sentencia revocó un permiso.

Hace un año, Julia Navarro fue autorizada a producir legalmente el cannabis para el aceite medicinal que, según expuso, le permitió a su hijo de ocho años “dejar de estar encerrado en su propio cuerpo” y “llevar una vida normal”, pero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dejó sin efecto la cautelar que le permitió tener plantas de marihuana en su casa.

Los vocales Ricardo Barreiro, Fernando Gallego y Mariano Lozano resolvieron dar de baja el permiso otorgado en su momento por la jueza Federal de Viedma Mirta Filipuzzi.

No obstante, emplazaron al Estado nacional a proveer el insumo en la cantidad y calidad necesaria para atender las necesidades del niño, quien padece de síndrome de Tourette, un trastorno psiquiátrico caracterizado por múltiples tics físicos y vocales.

A su turno, Filipuzzi dispuso que María Eugenia Sar, la abuela del nene, podría mantener el cultivo de plantas en su casa de Las Grutas. También habilitó al abuelo del infante, el médico Gabriel Navarro, para que siguiera fabricando aceite a partir de las cosechas.

Además, extendió el asentimiento para cultivar a la mamá, en cantidad necesaria, con exclusivo destino medicinal, bajo estricta sujeción a los lugares y modalidades que detallaron los reclamantes al hacer su pedido.

La funcionaria enfatizó que el Estado aún no garantiza la provisión gratuita e ininterrumpida del tratamiento con aceite de cannabis.

También remarcó la importancia del precedente “Arriola”, de la Corte Suprema.

El amparo de la familia Navarro fue presentado por su abogado, Federico Ambroggio, el 5 de mayo de 2018, dos años después de que se diagnosticó la enfermedad en el niño.

En 60 días, con los dictámenes favorables del fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), del fiscal federal Marcos Escandell y el defensor público oficial de la Justicia Federal de Viedma, Marcelo Sánchez, Filipuzzi admitió su solicitud.

Los actores también contaron con el respaldo de la Asociación de Pensamiento Penal y de la organización de Cannabis Medicinal de Cipolletti, que se presentaron como amigos del tribunal.

Los actores también contaron con el respaldo de la Asociación de Pensamiento Penal y de la organización de Cannabis Medicinal de Cipolletti, que se presentaron como amigos del tribunal.

La familia del pequeño hizo su descargo en las redes sociales: afirmó que “el autocultivo es la base para una terapia cannábica segura” y adelantó que no iba a interrumpir la terapia del niño.

Por su parte, el coordinador del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo, calificó como “insensible” e “infundada” la decisión de la Cámara. También aseguró que el fallo representa “un retroceso”.


La ley

A más de dos años de la sanción de la ley, la demanda de los pacientes sube pero el Estado falla a la hora de proveer derivados del cannabis. Por ahora, Argentina no produce ni permite el cultivo personal de la planta y sólo habilita el trámite de importación del aceite.

Por ello, el autocultivo se presenta como la única posibilidad para muchas personas. No obstante, en febrero, el Ministerio de Seguridad de la Nación firmó la habilitación del primer centro para elaborar cannabis medicinal, en Jujuy. Además de producción, se realizarán estudios científicos, medicinales y terapéuticos.

Jujuy será la primera provincia del país en cultivar legalmente cannabis para uso medicinal, tal como establece la ley 27350.

“A partir de un exhaustivo análisis técnico realizado por especialistas de la fuerza federal, se concluyó que el establecimiento contaba con las normas de seguridad necesarias y que cumplía con las pautas legales impuestas a nivel nacional y provincial”, explicó hace tres meses la cartera que conduce Patricia Bullrich.